Las prisión preventiva no solo es para pobres: dice Wilson Camacho por caso Calamar

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El procurador adjunto Wilson Camacho  calificó de positiva la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, ambos acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción del Caso Calamar.

Camacho, a su salida de la sala de audiencias, calificó como “buena y valida” la decisión tomada por los jueces Ysis Muñiz, Luis Jiménez y Rosalba Garib en mantener bajo prisión preventiva a los exfuncionarios apresados durante la operación Calamar, asegurando que con esa acción se demuestra que “la prisión preventiva es idónea no solo para personas pobres”.

Luego de diez horas de audiencia los jueces Ysis Muñiz, Luis Jiménez y Rosalba Garib, de la Segunda Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificaron la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en el supuesto entramado de corrupción gubernamental caracterizado por el desfalco a la nación.

Reiteran prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta

“Cuatro jueces se han referido a esta medida de coerción han entendido necesaria la imposición de la medida de coerción, con esto la corte manda un mensaje de que la prisión preventiva no debe reservada solo para personas pobres, sino que personas de esta naturaleza envuelta en casos de la gravedad que implica operación Calamar debe tener la prisión preventiva para asegurar la realización del proceso", mencionó el procurador adjunto.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal. 

Según la investigación, han violado la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 

Caso Calamar, delitos de los que se les acusa

El grupo de exfuncionarios detenidos estaría relacionado a una red mafiosa que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos. La investigación se inició a principios de 2021, cuando la Pepca arrancó los interrogatorios a Guerrero. 

La imputación preliminar del Ministerio Público enumera, de forma inicial, siete delitos de corrupción, todos de gravedad, según el Código Penal dominicano.

Presuntamente realizaron desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

El Código Penal describe el Desfalco como “la falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder”. 


Fuente: Listin, Diario Libre

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