En el periodo comprendido entre marzo y abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la “Operación Calamar”, que involucra a diversos ex ministros, un excadidato presidencial y otros funcionarios en actos de corrupción administrativa y financiamiento ilegal en las campañas electorales.
El expediente relata que se recaudó dinero de diferentes órganos del estado, para la campaña electoral del entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, tras la orden directa del exmandatario Danilo Medina.
Lo anterior es el contexto de que en la sociedad dominicana debe existir un debate respecto a los altos costos que representa una campaña electoral, que puede llegar a ser costosa y se aproxima a los mil millones de pesos, para que un candidato promueva su imagen.
Un ejemplo son los reportes de gastos de Castillo del PLD, que pagó más de 18 mil millones, además de unos 37 mil pesos en gastos administrativos.
Impulso de diputados a Reforma Electoral
Con la finalidad de proteger el estado democrático así como las próximas votaciones presidenciales, alrededor de 33 diputados de diversas fuerzas políticas están apoyando un proyecto de ley que limite la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales, lo que es un avance significativo para proteger al pueblo dominicano.
Se trata de una modificación a la nueva Ley Orgánica 20-23 del Régimen Electoral que fue promulgada hace dos meses.
De esta forma se limitarían los gastos de campaña de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quiénes sólo podrían usar alrededor del 50% del monto de los recursos por el tiempo en el que ejerzan su cargo.
Plantean que quienes violen la normativa podrían ser destituidos de su cargo.
Fuente: Telenord, Diario Libre, Diputados
