La investigación por presunta corrupción en SeNaSa involucra a diez imputados, con medidas de coerción que incluyen prisión preventiva, arresto domiciliario e incautación de bienes, mientras el presidente Luis Abinader reafirma su postura de no interferencia en la justicia.
Medidas severas en un caso de alto impacto institucional
El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este domingo medidas de coerción contra diez imputados del denominado Caso Cobra, una investigación que indaga un presunto entramado de corrupción, estafa al Estado, soborno y lavado de activos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El tribunal declaró el proceso como complejo, ampliando los plazos de investigación y estableciendo un conjunto de sanciones que incluyen prisión preventiva, arresto domiciliario e incautación de bienes.
Prisión preventiva para siete imputados
El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, así como para Gustavo Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. En el caso de Ada Ledesma Ubiera, se dispuso su reclusión en el centro Najayo Mujeres.
Según la decisión judicial, las medidas buscan asegurar la presencia de los imputados en el proceso y preservar la integridad de la investigación, dada la gravedad de los hechos imputados y la complejidad del caso.
Arresto domiciliario, garantías económicas y medidas reales
Otros tres imputados recibieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo deberán cumplir con una garantía económica de un millón de pesos cada una, mientras que Eduardo Read Estrella fue beneficiado con arresto domiciliario sin imposición de garantía económica.
El tribunal también ordenó medidas reales sobre cinco inmuebles vinculados a la investigación, como parte de las acciones para asegurar posibles responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso judicial.
Plazos procesales y revisión de medidas
La decisión establece que los imputados bajo arresto domiciliario cuentan con un plazo de siete días para cumplir con las garantías impuestas. Asimismo, el Ministerio Público dispone de ocho meses para presentar la acusación formal, en el marco de la declaratoria de complejidad del proceso.
La revisión obligatoria de las medidas de coerción fue fijada para el 11 de marzo de 2025, fecha en la que el tribunal evaluará el cumplimiento y la necesidad de mantener o modificar las disposiciones adoptadas.
La posición del presidente Abinader ante el proceso judicial
Tras conocerse la decisión del tribunal, el presidente Luis Abinader reiteró su respaldo a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, asegurando que su gobierno no interfiere en los procesos judiciales. El mandatario subrayó que la lucha contra la corrupción es un principio innegociable de su administración.
Abinader enfatizó que toda persona debe responder ante la justicia si se comprueba su participación en hechos que afecten al Estado, sin importar vínculos personales, políticos o sociales, y llamó a la ciudadanía a permitir que las instituciones cumplan con su rol.
Mirando hacia el futuro
El avance del Caso Cobra coloca nuevamente en el centro del debate público la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. Mientras el Ministerio Público continúa con la investigación, el desarrollo del proceso será clave para determinar responsabilidades y sentar precedentes en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana.
Fuente: Relámpago Informativo
