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Una propuesta entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) propone importantes cambios al Proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado en mayo. Se busa que las familias pobres de la región tengan estén protegidas en el lugar donde vivan, ante probables desalojos
Así los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. También un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta, así la iniciativa del gobierno contempla ayudar a los sectores más pobres de la región.
Al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario "pueda exigir" el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación, plantea el gobierno dominicano.
La iniciativa busca que el propietario se abstenga de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.
El proyecto tiene la finalidad de que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler.
Por otra parte, los servicios de comunicación, agua y energía eléctrica no puedan negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.
Se presentará un catálogo de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron, una solución que ayudaría a las familias que pertenecen a un sector vulnerable.
Así el MIVHED se propone proteger a los inquilinos "en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios", siempre garantizando la protección de las familias, a través de apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlos.
Fuente: Ministerio de Vivienda
