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La Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret) sobrevaloró costos de viviendas y terrenos expropiados que envolvieron un montó de más de 775 millones para el desalojo de ciudadanos y la respectiva construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo.
Esas transacciones afectaron los fondos públicos por más de 106 millones, según documenta la auditoría de la Cámara de Cuentas durante la gestión de Diandino Peña en el periodo 2013-2017.
Se analizaron expedientes de 722 personas indemnizadas por sus viviendas afectadas por la construcción de la obra pública. El gobierno pagó 775 millones 504 mil 797 pesos por parte de la Comisión de Comunicación de Expropiaciones y Afecciones de la Opret.
Las antiguas autoridades de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte, encabezada por Diandino Peña y otros funcionarios de la entidad, no tomaron en cuenta el mandato cometieron irregularidades y violaron la Aplicación de la Ley 10-07, sobre el Sistema de Control Interno y de la Contraloría General de la República, en su Artículo 7 dice los siguiente:
“Economía. Costo mínimo posible o razonable, determinado por la ausencia de despilfarro de recursos humanos, materiales y financieros insumidos en la ejecución de las operaciones o en la obtención de los resultados y las metas institucionales, por las entidades y los organismos públicos bajo el ámbito de la Ley. La economía siempre se debe visualizar desde el punto de vista de la eficacia, la efectividad o de los objetivos logrados y metas alcanzada”.
Debido a la violación de la ley y las irregularidades que cometió Diandino Peña ha iniciado un proceso legal de persecución penal.
Fuente: Acento
