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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó hoy ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el entramado encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez se adueñó de una parte de los 184 millones de dólares que pagó Odebrecht al Estado dominicano como recompensa de los 92 millones de dólares que admitió la constructora haber pagado en soborno para ser beneficiada con la asignación de obras del Estado.
El ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
El reclamo de su defensa
Luego de darse a conocer esta semana detalles de las acusaciones sobre la distribución de alimentos en mal estado, en las diferentes cárceles del país, durante la gestión del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, la defensa del exfuncionario aseguró que la actual administración continuó contratando esos servicios, incluso pagándole mucho más.
La Defensa de Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial por supuesta corrupción, señaló que la actual gestión de la Procuraduría General de la República, pagó RD$200 millones de pesos y luego otros RD$500 millones anuales más, a las mismas compañías suplidoras de alimentos, que se resaltan en el expediente acusatorio.
“El Ministerio Público presentó en su acusación que diversas empresas suplidoras de alimentos fueron constituidas por relacionados de Jean Alain Rodríguez cuando lo designan Procurador a partir del año 2016 y hemos probado que esas empresas fueron constituidas en los años 2012-2014, cuando el mismo estaba muy lejos de ser nombrado Procurador y que los casi 40 acusados por temas de alimentos, no mencionan y no conocen al ex Procurador”, señala el comunicado.
La defensa del imputado denunció una supuesta estrategia implementada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para desviar la atención de la población, ante las recientes auditorías publicadas por la Contraloría General de la República, que reseña supuestas irregularidades a lo interno de varias instituciones públicas.
“(El PEPCA) activa contrafuego para proteger al gobierno del reciente escándalo de irregularidades identificadas por la Contraloría General de la República. Utiliza novelesca historia de fraude en alimentos suplidos en las cárceles por empresas que también fueron contratadas por esta gestión, pero por RD$500 millones adicionales anuales, para los mismos 27,000 privados de libertad”, señala el comunicado publicado en redes sociales.
Fuente: La Prensa, El Caribe