Internacional | Argentina
La Justicia de Argentina abrió una investigación penal para
determinar si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y
vicepresidenta Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad,
confirmaron el jueves (06.10.2022) fuentes de la Fiscalía del caso.
La causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, se abrió
tras una denuncia interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota
contra la pareja presidencial "y otros cómplices de las desapariciones,
asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura", según
expresó Richarte en su cuenta de Twitter.
"Hacer la denuncia fue posible por el aporte
testimonial de los que sufren en 1a persona la violencia criminal y por el
trabajo previo de OEA, ONGs y medios. Se pide la indagatoria y eventual captura
internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr
justicia", agregó el letrado.
El abogado recordó que la Justicia argentina tiene una
"extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y
aceptación del principio de jurisdicción universal", y se mostró optimista
en "el avance de la investigación para establecer las responsabilidades
penales de Ortega y sus cómplices".
Lijo ordenó que se envíe un exhorto a la Justicia
nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen
delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas.
Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica desde
2018, que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La situación se agravó tras las
cuestionadas elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió para
un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales contendientes,
que aún permanecen en prisión.
En los últimos años, la Justicia de Argentina -cuya
Constitución avala que en el país se puedan tramitar causas en las que se
investiguen delitos cometidos "fuera de los límites" de la Nación- ya
aceptó otras denuncias para investigar, por jurisdicción universal, los
crímenes del Franquismo en España o los cometidos contra el pueblo Rohinyá en
Birmania.
(DW, EFE)
